Tras poco más de tres horas de audiencia, la jueza 17 penal municipal con función de control de garantías decidió que Stiven Mesa Londoño y Santiago Jaramillo Morán, conocidos internacionalmente como Blessd y Dímelo Jara, además de Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, podrán enfrentar el proceso judicial por presunto secuestro extorsivo agravado en libertad.
La jueza 17 penal municipal con función de control de garantías del circuito de Medellín decidió que ninguno de los cuatro imputados por el presunto secuestro de Andrés Felipe Sánchez, el imitador de Ozuna, enfrentará el devenir del proceso judicial privado de la libertad.
Tras haber reanudado la audiencia de imposición de medida de aseguramiento a las 7 de la mañana de este martes 17 de junio, la togada comenzó la diligencia recapitulando todo lo expuesto en las anteriores audiencias: se remitió a los hechos jurídicamente relevantes, a los elementos materiales probatorios y relatos presentados por la Fiscalía, y a los argumentos planteados por cada uno de los defensores para apoyar u oponerse a la medida de aseguramiento.
En la solicitud presentada por la Fiscalía el pasado 12 de junio, la delegada Piedad Estela Mendoza Hinojosa no solo se remitió a la denuncia realizada por el imitador de Ozuna y que fue revelada en exclusiva por EL TIEMPO, sino que también trajo a colación por su relevancia jurídica un segundo caso que está en curso en contra de Blessd y Dímelo Jara.
Se trata de una denuncia por secuestro, lesiones personales y amenazas de muerte presentada por El Goldo, el mánager del rapero caleño Pirlo, por hechos que habrían tenido lugar en 2024 en una residencia de Las Palmas luego de que Blessd y Pirlo hubieran participado en la grabación del video musical del tema ‘WYA: Yellow’.
En ese caso, los denunciantes aseguran haber sido retenidos, golpeados, amenazados; también indican que los habrían despojado de los celulares, los habrían obligado a revelar sus contraseñas para revisar sus teléfonos y además les habrían sacado muestras de sangre.
Tras la intervención de la Fiscal en la audiencia pasada, los defensores de los imputados tuvieron espacio para réplica, en el cual coincidieron al argumentar que no se había configurado el delito de secuestro extorsivo agravado, sino el de constreñimiento ilegal.
En concreto, los abogados coincidieron en solicitarle a la jueza que no se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad contra sus representados, y que, de determinarse una decisión de esa clase, los defensores le pidieron a la togada que fuera una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
Ya en la audiencia de este martes, a medida que se remitía a los elementos probatorios anexos al acervo presentado por la Fiscalía, la jueza fue dilucidando su juicio al respecto de la solicitud presentada por el ente acusador.
Finalmente, a eso de las 9:35 de la mañana, la jueza señaló: “La Fiscalía presentó elementos probatorios ambiguos. Esta funcionaria advierte que la Fiscalía se apresuró en las solicitudes sin haber investigado lo suficiente para lograr el estándar de inferencia razonable“.
En consecuencia, la togada decidió que ninguno de los imputados recibirá medida de aseguramiento privativa de la libertad. Sin embargo, la jueza advirtió que todos continuarán vinculados al proceso, solo que podrán enfrentarlo en libertad.
Por otro lado, la jueza accedió a imponerle una medida de protección a Andrés Felipe Sánchez en atención a la solicitud realizada por su defensor en la audiencia del pasado viernes 12 de junio, en la que el jurista Sebastián Gutiérrez le expuso a la jueza que su representado estaba siendo víctima de amenazas contra su vida.
Tras la decisión, la delegada de la Fiscalía y el representante de la víctima presentaron recurso de apelación y la togada le dio el espacio a ambas partes para presentar los argumentos que sustentan dicha apelación.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
