La controversia alrededor del suministro de agua potable en Cartagena sumó un nuevo capítulo luego de que el alcalde Dumek Turbay contradijera públicamente la versión entregada por Aguas de Cartagena (Acuacar) sobre el levantamiento del racionamiento que durante varias semanas afectó a distintos sectores de la ciudad.
Mientras la empresa informó el pasado 1 de julio que la suspensión de los cortes programados obedecía a mejoras técnicas y operativas desarrolladas con el acompañamiento de especialistas de Veolia, el mandatario distrital aseguró que la medida no fue voluntaria, sino consecuencia directa de una orden emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
El pronunciamiento del alcalde se produjo pocas horas después de que la empresa divulgara un comunicado en el que atribuyó el restablecimiento del servicio a la optimización de los procesos de producción y distribución de agua potable.
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El Distrito atribuye la decisión a una orden judicial
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Dumek Turbay calificó como “falsa” la explicación entregada por la empresa concesionaria.
Según el mandatario, el levantamiento de los racionamientos responde al cumplimiento obligatorio de una medida cautelar adoptada por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro de la acción popular promovida por la Alcaldía de Cartagena.
En esa providencia, el alto tribunal ordenó suspender los cortes programados mientras la empresa presenta un plan integral que garantice la continuidad del servicio y atienda las dificultades que originaron la crisis en el abastecimiento.
“Lo hacen forzados a partir de una orden proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar“, afirmó el alcalde, quien insistió en que la compañía también deberá presentar un plan de acción, un programa de inversiones y un esquema de contingencia para enfrentar futuras emergencias.
La acción popular que impulsó el Distrito
La controversia surgió tras comunicado con el que la empresa anunció el levantamiento de los cortes. Foto:Alcaldía Cartagena
El alcalde sostuvo que la intervención de la justicia fue posible gracias a la acción popular instaurada por la administración distrital para proteger los derechos colectivos de los cartageneros.
La demanda argumentó que las interrupciones reiteradas en el suministro de agua comprometían derechos fundamentales relacionados con la salud pública, la salubridad y el acceso continuo a un servicio esencial.
EL TIEMPO conoció que esa acción judicial buscó frenar los racionamientos sectorizados mientras se adoptaban soluciones estructurales para estabilizar la operación del sistema de acueducto.
En ese contexto, Turbay reiteró que el propósito de la demanda siempre fue exigir que la empresa cumpliera de manera eficiente las obligaciones derivadas de la prestación del servicio público.
Cuestionamientos al comunicado de la empresa
Dumek afirmó que la acción popular del Distrito permitió proteger derechos de los cartageneros. Foto:Alcaldía Cartagena
Otro de los puntos planteados por el mandatario tiene que ver con la forma en que Aguas de Cartagena presentó la información sobre el fin de las restricciones.
Para el alcalde, el comunicado transmite la idea de que el levantamiento de los cortes fue resultado exclusivo de decisiones técnicas internas, sin mencionar que existe una orden judicial vigente.
“Lo que se registra en ese boletín no puede presentarse como un logro de gestión propia, sino como el cumplimiento de un mandato judicial”, manifestó.
Asimismo, hizo un llamado para que la información relacionada con la operación del sistema de acueducto sea entregada con transparencia a la ciudadanía.
“Hemos pedido que se hable con la verdad“, señaló el mandatario en su publicación.
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Continúa la controversia sobre el futuro del servicio
La diferencia de versiones se produce en medio del deterioro de las relaciones entre la administración distrital y el operador del servicio de acueducto.
En las últimas semanas, el alcalde ha cuestionado el manejo de la crisis del agua y ha planteado la necesidad de revisar el modelo mediante el cual actualmente opera el sistema en Cartagena.
Incluso, ha reiterado públicamente su intención de promover cambios de fondo en la prestación del servicio y ha insistido en que la empresa deberá responder por las afectaciones que ocasionaron los racionamientos en distintos sectores de la ciudad.
Mientras tanto, Aguas de Cartagena mantiene que las condiciones operativas del sistema permitieron normalizar el abastecimiento tras las acciones técnicas implementadas con apoyo de especialistas.
La discusión ahora queda en manos del Tribunal Administrativo de Bolívar, que deberá verificar el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas y evaluar los planes que presente la empresa para garantizar la continuidad del suministro de agua potable en Cartagena.
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