La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de la alcaldesa de San Onofre, Sucre, Marta Cantillo Martínez, por presunta participación indebida en política, en una decisión anunciada el 28 de mayo de 2026, en la antesala de la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.
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La medida, de carácter cautelar, fue adoptada luego de que el Ministerio Público considerara que existen elementos de prueba suficientes para inferir que la mandataria habría incurrido en conductas prohibidas por el régimen disciplinario para servidores públicos durante periodos electorales.
Los hechos bajo investigación
De acuerdo con lo informado por la Procuraduría, la decisión se sustenta en registros y contenidos difundidos por la propia alcaldesa en medio del proceso electoral.
Marta Cantillo Martínez, alcaldesa de San Onofre (Sucre). Foto:Redes sociales
Entre los elementos analizados se encuentra un video en el que Cantillo manifiesta abiertamente su respaldo a un sector político afín al presidente Gustavo Petro. Ese material habría sido difundido en plena campaña presidencial y posteriormente eliminado de sus redes sociales.
A esto se suman publicaciones en su cuenta de Instagram en las que aparece participando en una manifestación pública liderada por el mandatario en Sincelejo, así como su eventual presencia en actividades de carácter político en favor de candidaturas durante una etapa en la que estas actuaciones están restringidas para funcionarios en ejercicio.
Para la Procuraduría, este tipo de conductas podría constituir una vulneración de las normas que prohíben a servidores públicos intervenir en actividades partidistas, promover candidatos o influir en el electorado haciendo uso de su investidura.
Alcances de la suspensión
La suspensión tiene carácter provisional mientras avanza el proceso disciplinario. Según lo establecido en el acto administrativo, la medida se extiende inicialmente hasta el 31 de mayo de 2026 —día de la primera vuelta presidencial—, y podría prolongarse hasta el 21 de junio en caso de una segunda vuelta.
Procurador Gregorio Eljach, Paz electoral Foto:Procuraduría General de la Nación
Durante ese periodo, la Gobernación de Sucre deberá designar un alcalde encargado para garantizar la continuidad administrativa del municipio.
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, señaló que la decisión se tomó con base en “una prueba suficiente” y reiteró que este tipo de actuaciones buscan preservar la transparencia del proceso electoral.
Al mismo tiempo, el jefe del Ministerio Público enfatizó que las sanciones disciplinarias deben aplicarse respetando las garantías procesales, como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la doble conformidad en el caso de funcionarios elegidos por voto popular.
Un contexto de vigilancia electoral
La suspensión de la alcaldesa de San Onofre hace parte de un conjunto de actuaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría en el marco de las elecciones presidenciales de 2026.
San Onofre (Sucre). Foto:Oswaldo Rocha
El propio procurador confirmó que el organismo mantiene abiertas 142 investigaciones contra funcionarios de distintos niveles —incluidos seis ministros del Gobierno nacional— por presunta participación indebida en política.
Estas indagaciones están relacionadas con conductas como pronunciamientos públicos, uso de redes sociales institucionales, asistencia a eventos proselitistas y, en general, cualquier forma de intervención que pueda interpretarse como uso del cargo para favorecer candidaturas o movimientos políticos.
Eljach también indicó que, pese al número de investigaciones, se ha registrado una disminución en las denuncias respecto a procesos electorales anteriores, lo que atribuyó a las advertencias previas hechas por las autoridades disciplinarias.
Proceso en curso
La Procuraduría continuará con la recolección de pruebas y el análisis del caso para determinar si se configura una falta disciplinaria y, de ser así, establecer la sanción correspondiente.
Por ahora, la suspensión se mantiene como una medida preventiva orientada a garantizar que el ejercicio del cargo no interfiera en el desarrollo del proceso electoral.
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El caso queda en manos de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, instancia que deberá revisar la legalidad de la medida y avanzar en la definición de fondo.
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